El futuro del juicio al fiscal Pesántez se define en la sesión de Alianza País

Hoy, en la oficina de la Primera Vicepresidencia de la Asamblea, se definirá sobre el  juicio político contra el fiscal Washington Pesántez. En ese lugar, suelen reunirse los  asambleístas de Alianza País (AP) para definir la ruta que seguirá dentro del Legislativo.

El bloque mayoritario de la Asamblea aún no tiene una posición unánime sobre el futuro del Fiscal General. 39 integrantes del movimiento, quienes pidieron  su renuncia el 26 de enero pasado, siguen  con la intención de llevarlo a un juicio político.

María Paula Romo es una de las legisladoras que lidera esa iniciativa. Ella cree que hay suficientes evidencias de actos de corrupción dentro de la Fiscalía.

Durante cuatro semanas, los asambleístas de Alianza País han recopilado información sobre presuntos casos de extorsión, nepotismo y favoritismo para elegir a fiscales. Todas esas evidencias se harán públicas   hoy para convencer a sus colegas que aún no se alinean  a la posición mayoritaria.

Por eso, Romo dijo  que en los próximos días presentarán un pedido formal para que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea inicie  el proceso político.

Luego de que se cumpla el trámite de entrega de pruebas de cargo y de descargo, se impulsará la salida del Fiscal. Los que  apoyan esa iniciativa creen que si sigue la tendencia del 26 de enero, la censura puede tener  vía libre.

En esa sesión, 58 legisladores apoyaron la moción. Entre ellos se encontraban miembros de  Alianza País, Partido Socialista, Movimiento Libertad y Justicia, Partido Sociedad Patriótica, Pachakutik...

Para la censura del titular del Ministerio Público se necesitan cinco votos   más (en total 63) de los que tuvieron en enero.

Y en un  mes,  las cosas aparentemente cambiaron. Por ejemplo, los integrantes del movimiento Acuerdo para la Descentralización y la Equidad (ADE) tienen otro criterio. Sus seis miembros  apoyan el enjuiciamiento a Pesántez, antes ellos se abstuvieron de votar o no fueron  a la sesión.

Lo mismo sucede con Leandro Cabrera, de la Izquierda Democrática. Él aseguró públicamente que respaldaba  el proceso político en contra del funcionario.

El cambio de criterio del ADE y del representante de la ID se debe a las nuevas evidencias que presentaron los legisladores de AP.

Pesántez se ha mostrado tranquilo con el posible juicio político. Él envió 2 500 hojas como respuesta a las denuncias de sus fiscalizadores. También apuntó sus críticas a quienes lideran la iniciativa:  Romo y Rosana Alvarado.

Adicionalmente, Pesántez espera que en la decisión de los legisladores pese una intención de fortalecer la Fiscalía. Durante sus dos años de gestión, se contrataron aproximadamente   526  nuevos fiscales y se compraron 34 edificios. También se crearon 11 fiscalías para casos indígenas. La nueva infraestructura se instaló en las ciudades más pobladas o con mayor índice de violencia.

Los funcionarios cercanos al Fiscal  conocen que en la sesión de Alianza País el panorama se definirá. Por ejemplo, dos miembros de esa bancada, Aminta Buenaño y Vethowen Chica, todavía no están claros. Ellos votaron por el pedido de renuncia, pero ahora quieren conocer, en detalle, las acusaciones contra Pesántez.

Lo mismo ocurre con otros movimientos  políticos que no creen  en la transparencia de Alianza País para enjuiciar  al Fiscal. Fausto Cobo, uno de los legisladores más fuertes de Sociedad Patriótica, aún está convencido de que todo es un show, para despistar la atención mediática del tratamiento de leyes, que luego del receso entran a una etapa decisiva.

Vicente Taino, vocero del Prian, asegura que esperará que  se desarrolle el proceso   político para tener una posición en firme.

Susana González, representante de Madera de Guerrero, también aguarda por la definición de Alianza País, aunque ella sostuvo que si el grupo de Romo impulsa el enjuiciamiento, sus siete miembros  los apoyarán.

Los votos en el Pleno

Gastón Gagliardo  fue el único asambleísta que votó en contra del pedido de renuncia del fiscal Washington Pesántez, en la reunión del pasado 26 de enero.

El legislador  es hermano gemelo del fiscal  de Guayas, Antonio Gagliardo.  Cuando votó en contra aseguró que no encontraba motivos para pedir la salida de Pesántez.

Varios asambleístas  de la oposición se abstuvieron de solicitar la renuncia del Fiscal General. Entre ellos, Lourdes Tibán (Pachakutik), Andrés Páez (ID), Gilmar Gutiérrez y Fausto Cobo (Sociedad Patriótica).

Los legisladores  que impulsan la censura de Pesántez pertenecen a  Alianza País. Los principales son: María Paula Romo, Rosana Alvarado, Virgilio Hernández y Paco Velasco.
 
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